Cuando estaba en el jardín de niños, en el año de 1954, viví una experiencia inolvidable. Unos niños, muy decididos y ruidosos, caminaban por los pasillos entonando orgullosos una cantaleta
Voy derecho y no me quito
Si me pegan me desquito
Yo, ignorante de sus intenciones, con agudeza tanto como ingenuidad, me quedé reflexionando, pues era evidente que quienes “pegaban” eran ellos, pero declaraban que habían sido golpeados.
Llegué a la conclusión que esos niños, perversamente, querían mostrar su poder y castigarían a golpes a quienes se atrevieran a ponerlo en duda, sin embargo, gozaban, en apariencia, mucha popularidad.
Hoy, con mayor capacidad de análisis y experiencia ahondo en mi reflexión.
Seguramente algunos se daban cuenta de su arbitrariedad, pero lo hacían para seguir a quien lidereó la iniciativa porque lo admiraban, otros probablemente calcularon que pagarían caro su desobediencia, otros quizá se unían para experimentar la sensación gratificante del poder, otros, resentidos por algún maltrato, se habrían adherido para lograr venganza y muchos otros, simple y llanamente, seguían la corriente sin mayor cuestionamiento.
Han pasado muchos años de esa infantil experiencia, pero hoy, cuando cotidianamente veo tanto como leo y escucho a un personaje que va derecho y no se quita, me surge el recuerdo muy espontáneamente, especialmente cuando las críticas a sus posiciones las asume como golpes y él, junto con su pandilla, se desquitan.
¿Qué podrá pretender alguien que ha actuado, tan consistentemente, en contra de todo lo que realmente pudiera acercar a las personas al bienestar y a combatir la corrupción?
Lo último que haría alguien que pretendiera hacer llegar un bien a su destino en tiempo y forma, sería romper su cadena de suministro, máxime si la ausencia de ese bien pudiera convertirse en la muerte de quienes serían los clientes finales, como es el caso que me atormenta [1].
Interrumpir un proyecto que hubiera catalizado la movilidad internacional, la exposición de nuestro país al mundo, con los consecuentes beneficios turísticos, logísticos y comerciales, no favorece a los habitantes de este país [2].
Gastar el dinero público a raudales [3] para pagar a las empresas involucradas en ese proyecto interrumpido. Desperdiciar lo ya construido, advertir a los inversionistas el nivel de arbitrariedad para incumplir compromisos. Acabar con los puestos de trabajo en ese momento y los futuros, no es constructivo.
Entorpecer que pueda instalarse una planta de una empresa de bienes de consumo envasados que generaría una cantidad muy importante de empleos, tener que pagar por incumplimiento de contratos, es contrario a realizar acciones para combatir la pobreza, máxime sí este proyecto puede realizarse en lugares sin detrimento de las reservas de agua [4].
Abrir artificialmente un conflicto con empresas constructoras de gasoductos para, no sólo no lograr lo que se pretendía, sino pagar enormes cantidades en juicios y compensaciones por el daño infringido [5]. No es una muestra de la eficiencia de la administración de la CFE.
Construir una refinería cuando la tendencia es que los automóviles pronto serán movidos por electricidad y ésta será producida, en una gran proporción, por fuentes de energía renovables. No es estratégico ni favorece el bienestar de un pueblo.
Promover una reforma eléctrica que favorezca el consumo de energía no renovable para su generación, que no respete los acuerdos con empresas privadas que la producen más barata que la CFE. No autorizar contratos con empresas interesadas en generar electricidad con fuentes renovables y amenazar con acabar con los contratos existentes es arbitrario y desconcertante si se aprecia la inversión privada y la justicia [6].
Hacer programas que pretendidamente mejorarían la superficie arbolada, pero con incentivos perversos que han provocado una desforestación inaudita para acceder a ellos [7] es, por lo menos, un acto poco cuidadoso.
Ignorar que el aire fluye a nivel mundial, que no es patrimonio de quienes la respiran y que pronto habrá sanciones a los productos que sean elaborados en dependencia de las emisiones de gases nocivos al medio ambiente, es poco inteligente.
Realizar un acuerdo [8] para decretar que todas los proyectos y obras del gobierno son de seguridad nacional y no tendrán que cumplir con la normatividad legal, no es combatir la corrupción sino abrir las puertas para realizarla sin recato. Máxime si sabemos que el ejército, principal constructor del actual gobierno, incurre en anomalías graves como tener proveedores a empresas fantasma [9], [10].
No entender hacia dónde se dirige un mundo en el que los dirigentes de los países más poderosos han definido una ruta para inhibir la emisión de gases de efecto invernadero, no es característico de un estratega.
Mi respuesta a la pregunta arriba mencionada es simple y llana, quien hace todo esto, sólo pretende acumular poder mediante la popularidad en un país donde hay mucha pobreza, ignorancia, desigualdad y resentimiento.
Actuar como lo hace la actual administración pública es emular a esos rijosos, impertinentes, imprudentes y perversos niños del jardín de niños. Aunque, en descarga de culpa a ellos, debo reconocer que nunca los escuche decir que lo hacían por nuestro bienestar o que pretendían combatir la corrupción.
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Ilustraciones
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La segunda ilustración fue tomada de https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/habia-un-plan-perverso-de-acabar-con-pemexamlo/100131
Referencias
[4] https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/4430
[5] https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/bartlett-y-los-gasoductos-todo-le-salio-mal
[6] http://www.beristain-abogados.com/la-nueva-reforma-energetica/
[8] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021